El pasado sábado 11 de julio, fue asesinado Fredy Fajardo Ávila, llegando con él a 217 excombatientes de las FARC-EP asesinados. Hoy, lunes 13 de julio, el exterminio físico de los y las firmantes de la paz ocupa el editorial del periódico *El Tiempo* (https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/sigue-el-desangre-editorial-de-el-tiempo-517212), advirtiendo, entre otras cosas, que esta realidad constituye uno de los más importantes obstáculos que enfrenta el Acuerdo de Paz, por lo cual, propone retomar los planteamientos que al respecto ha realizado Eduardo Pizarro (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/lo-que-se-necesita-para-proteger-a-los-desmovilizados-de-las-farc-516850).
No obstante, antes de considerar dicha iniciativa, estimo relevante advertir dos aspectos fundamentales que preceden a cualquier posible medida que asuma el Gobierno Nacional -por improbable que esta sea- al respecto. Primero, recordando al sociólogo Alemán Max Weber, éste en su definición de Estado, propuso el *monopolio legitimo del uso de la violencia* como un factor esencial. No obstante, precede a dicho factor, no tanto la *tenencia* -de por sí inexistente en Colombia- sino la *pretensión*. Es entonces la ausencia de la *pretensión* lo realmente preocupante en este caso en concreto, dado que pareciese contener en ciernes, que no hay Estado para los y las excombatientes de las FARC-EP, o dicho de otra manera, que para el Estado colombiano estos hombres y mujeres no son ciudadanos.
Segundo, recordando a Claus Roxin, más precisamente en lo que concierne a su “teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder”, al momento de reflexionar, tanto sobre los asesinatos de lideres y lideresas sociales, como los y las excombatientes de las FARC-EP, no puede perderse de vista los ataques incesantes por parte del partido de gobierno y su líder natural; ni tampoco, declaraciones desobligantes del gabinete ministerial frente a la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz, Acuerdo de Paz que no reconocen y que buscan hacer trizas, porque son estas posiciones, estas declaraciones, esta impunidad, las que legitiman a organizaciones armadas legales e ilegales a cometer sus crímenes.
Bienvenidas todas las ideas e iniciativas que busquen parar el extermino sostenido y continuado de comunistas en Colombia que hoy se ensaña contra excombatientes y lideres y lideresas sociales, pero al tiempo, no perdamos de vista las reflexiones profundas y los máximos responsables de lo que hoy está sucediendo.
Pd. Urge hoy retomar y desarrollar lo acordado en la segunda medida establecida en el subpunto 5.1.3.7 del Acuerdo Final: “Reconocer a las víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH que también hayan sido combatientes” y revaluar profundamente el desarrollo del artículo 15 del Decreto Ley 899 de 2017 concerniente al seguro de vida de los y las excombatientes de las FARC-EP.
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