El sábado pasado, 29 de agosto de 2020, ante el reflejo de nuestra sociedad profundamente injusta, recibí la noticia del asesinato de Camarada Mario Morales, o Jorge Iván Ramos, nombre de civil que había optado por reincorporar a su identidad en el marco de la construcción de una paz estable y duradera.
Pese al poco tiempo que pude conocerlo, dado que compartimos por algunos meses la tarea, junto a otros Camaradas, la tarea de discutir, con el saliente gobierno de Juan Manuel Santos, los pormenores de lo que seria el programa de sustitución de cultivos declarados de uso ilícito y la arquitectura gerencial, fue muy sencillo aprender a respetarlo y apreciarlo.
Lo que no resultaba para nada sencillo eran las horas de trabajo y reuniones interminables, entre nosotros y con los delegados del Gobierno Nacional, para sacar adelante un programa que, aquejado por los vientos turbulentos desde Washington por su nueva administración y la erosionada legitimidad del gobierno Santos, pusiese sus ojos, mentes y manos en trabajar por el campesinado colono, históricamente arrojado a economías ilícitas como correlato de la tan aplazada reforma agraria.
En esos pocos meses de intercambio de ideas, de trabajo y de esperanzas, tuve la oportunidad de reconocer en el Camarada Mario un profundo y genuino deseo de trabajar por una Nueva Colombia... por sacar adelante el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Es por eso que, así como los asesinatos y masacres contra lideres y lideresas sociales, simbólica y materialmente, representan una afrenta directa a la democracia, el vil asesinato del ciudadano Jorge Iván Ramos, así como el de cientos de exguerrilleros de las extintas FARC-EP, representan un agravio al núcleo mismo de cualquier democracia: en el presente, la negación del pluralismo y la diversidad, en el futuro, la anulación de la esperanza depositada en el diálogo como el mejor mecanismo para la solución de todo tipo de conflictos.
En este momento histórico, cuando tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir en y desde los territorios una paz estable y duradera, los asesinatos de lideres y lideresas sociales, así como los asesinatos de firmantes de la paz, constituyen crímenes de lesa patria, son ataques directos a nuestra de por sí frágil y restringida democracia, son la negación de la diversidad y la anulación de la posibilidad de una Colombia en paz.
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