Dentro de los múltiples obstáculos que hoy en día enfrenta la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado de Colombia y las extintas FARC-EP, y sobre la cual, de dientes para afuera, el Gobierno Nacional advierte estar más comprometido, pescando incautos en el camino, como el antiguo Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, es el proceso de reincorporación económica y social de los y las excombatientes de las FARC-EP y sus familias.
La realidad se presenta tozuda y azarosa también para el proceso de reincorporación. Pese a la existencia de instrumentos jurídicos (Decreto Ley 897 y 899 de 2017) y de una política pública (CONPES 3931 de 2018) construidos y concertados entre las partes, estas herramientas se encuentran durmiendo el sueño de los justos, so pretexto, en relación a la segunda, que un CONPES social no resulta obligante para el Gobierno Nacional, y en cuanto a los primeros, así como muchas normas más en este país, no son más que papel.
No nos llamemos a equívocos. Si hay un punto del Acuerdo Final en dificultades, dado que su horizonte temporal está construido bajo obligaciones de corto y mediano plazo, es el proceso de reincorporación. Solamente para ejemplificar esta realidad, podemos remitirnos al escaso o nulo nivel de implementación de los proyectos productivos, dado que más allá de su ya retrasada formulación -retraso nunca atribuible a los y las excombatientes-, la razón de estos no es otra que procurar una estabilización socioeconómica que les otorgue independencia frente a la asistencia del Gobierno Nacional y en últimas tener entre sus manos un proyecto de futuro. Ni que decir de los compromisos educativos, cubiertos en gran medida por la cooperación internacional, ni el tan necesario acompañamiento psicosocial, hoy por hoy inexistente.
Pero toda esta realidad adquiere otro cáliz si se detalla que quien está al frente del proceso de reincorporación es una agencia sin agencia. Esto es, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), históricamente, con éste u otros nombres, siempre ha estado subordinada. Lo fue durante los gobiernos de Álvaro Uribe y los de Juan Manuel Santos antes de la firma del Acuerdo Final a la estrategia contrainsurgente; lo fue en el crepúsculo del gobierno Santos a la paradójica estrategia de no tener estrategia, para no hacer nada sustantivo en esta materia; y lo es hoy a la estrategia de estabilización, la cual no es otra cosa que la conjunción entre la política de consolidación del territorio y la reproducción de los modelos tradicionales de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), ambas ya probadas y fracasadas, en tanto son concebidas para resolver problemas y no para aprovechar oportunidades, como lo es la posibilidad de construir paz en y desde los territorios.
Siendo esto así, en materia de reincorporación económica y social tan sólo se ha cumplido con los mínimos habituales del DDR (asignación única de normalización, renta básica y alimentación) y, como lo devela la ya anunciada ruta de reincorporación, de lado se dejaran los planes y programas señalados en el Acuerdo Final, recogidos posteriormente en el Decreto Ley 899 de 2017 y ampliados en el CONPES 3931 de 2018. Mientras tanto la ARN poco o nada hace sobre el asesinato sistemático de los firmantes de la paz, poco o nada incide en que se flexibilice la oferta oficial para atender, de acuerdo a sus particularidades, a los y las excombatientes de FARC-EP y sus familias, poco o nada gestiona para ajustar normas que viabilicen el proceso de reincorporación, relegando en todos estos casos la carga en la población en proceso de reincorporación, esperando que de la noche a la mañana sean formuladores de proyectos productivos, agrimensores y expertos en la escasa e inicua oferta estatal.
Una Agencia sin agencia... en fin, la hipocresía.
Comments